El Procurador del Común sugiere regular las salidas profesionales integradores sociales en el ámbito público

El Procurador del Común ha emitido una resolución que plantea al Gobierno autonómico la conveniencia de que las Cortes de Castilla y León elaboren una ley que permita la inclusión de un Cuerpo de Técnicos de Integración Social en el Grupo C de la Administración Especial. En cuanto al personal laboral, la institución que dirige Javier Amoedo, propone que también se valore, en el ámbito de la negociación colectiva, la inclusión, dentro del Grupo III, de las competencias funcionales de esos profesionales.

La resolución deriva de una queja presentada ante el Procurador, que estima que desde que en el año 1995 se estableció el Título de Técnicos de Integración Social, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y en Castilla y León -a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades en las que la contratación de dichos técnicos se ha asumido con normalidad- no se ha aprovechado en las distintas administraciones la singularidad de las competencias que están llamados a desarrollar, a pesar de estar muy vinculadas con los servicios de ámbito personal y comunitario que deben prestar esas administraciones.